La definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la vigencia 2025 es crucial para garantizar los recursos mínimos necesarios para cubrir los costos de los servicios médicos, medicamentos, terapias y tecnologías en salud requeridos para la garantía del derecho fundamental a la salud de la población colombiana.
Esta decisión toma una importancia crucial en particular en este momento que el sistema atraviesa una crisis financiera sin precedentes. Sin recursos suficientes y un flujo oportuno, la prestación adecuada de los servicios de salud corre peligro. La insuficiencia de la UPC pone en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y sus familias. Sin una oportuna y suficiente asignación de recursos, se materializan barreras de acceso, se incrementan los tiempos de espera y aumenta el gasto de bolsillo de los hogares.
En el marco de esa definición, en la ANDI nos dimos a la tarea de estimar cuánto debería crecer la UPC en la vigencia 2025 para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema. Eso sin tener en cuenta los faltantes que se han ido acumulando en el sistema entre las vigencias 2022 a 2024. Solamente en el año 2024 se habría acumulado un faltante de $10,9 billones.
Por eso, de acuerdo con nuestras estimaciones, que incluyen el nivel de siniestralidad observado en el sistema, el crecimiento de la población y el ajuste por inflación, la UPC que permitiría que el sistema de salud pueda cumplir con sus obligaciones hacia los ciudadanos y pacientes colombianos, debería crecer al menos el 16,9% para el 2025. No incrementar la UPC a niveles suficientes significa la garantía de que se presentará una crisis de salud en términos de atención y operación del sistema.
Es importante reiterar que es responsabilidad del Gobierno nacional, en cabeza de los ministerios de Salud y Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, definir el incremento de la UPC que garantice la operatividad del sistema de salud. Antes de cualquier discusión de reforma, es de vital importancia estabilizar la operación corriente del sistema y garantizar los recursos necesarios para cubrir los gastos en salud de los colombianos, pues ninguna cadena de prestación de servicios y proveeduría de tecnologías en salud puede operar bajo una situación de déficit recurrente.
