La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha reiterado que la reforma a la salud, tal como está planteada, no es la adecuada para mejorar el sistema de salud del país. De acuerdo con la ANDI, la propuesta actual pone en riesgo la protección financiera de los hogares colombianos, compromete la integralidad de la atención y amenaza la sostenibilidad económica del sistema. Además, los cambios introducidos en el primer debate no resuelven los problemas estructurales que afectan al sistema de salud.
La reforma impacta directamente el núcleo esencial del derecho fundamental a la salud y su goce efectivo, según la ANDI. A pesar de los ajustes realizados durante el debate, la propuesta no aclara de manera precisa la operación del sistema de referencia y contrarreferencia entre la atención primaria, y la mediana y alta complejidad, lo que genera incertidumbre en cuanto a la ruta de atención y el acceso a tecnologías. Además, la reforma se está impulsando sin considerar adecuadamente su impacto fiscal, lo cual resulta inviable bajo el contexto de insuficiencia de recursos que enfrenta el país.
Según la ANDI, “muy poco se ha hablado sobre la sostenibilidad financiera del sistema”, y es fundamental entrar en detalles para evitar que la reforma agrave la situación. La organización señala que el Ministerio de Salud ha proyectado un crecimiento real de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) de apenas 1,5% para la mediana y alta complejidad, lo cual no es realista frente a las necesidades de salud de la población colombiana. Este bajo porcentaje subestima los costos reales y crea una ilusión de sostenibilidad que permite financiar nuevos rubros sin contar con recursos adicionales.
Reforma a la salud: estimación del balance fiscal y riesgos financieros
La estimación del balance fiscal elaborada por la ANDI corrige la senda de gasto para la mediana y alta complejidad, e incluye gastos que fueron omitidos en el análisis del Ministerio de Hacienda. Entre estos se encuentran la asunción de los pasivos de la Nueva EPS, la formalización del talento humano de las ISE públicas, y el saneamiento de pasivos de hospitales. También se incorporan los ingresos de los nuevos artículos presentados en la ponencia para primer debate; sin embargo, la mayoría de estas fuentes de financiación corresponden a recursos de una única vez, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera a largo plazo.
La ANDI advierte que, al comparar la senda financiera del balance presentado por el Ministerio de Salud con la estimación propia, se observa una diferencia de $163 billones en los próximos diez años, lo cual representa aproximadamente un 10% del PIB. Estos resultados contradicen los planteamientos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y la senda de déficit fiscal compatible con la regla fiscal.
La ANDI también considera irresponsable realizar un cambio estructural al sistema de salud sin primero resolver la crisis financiera y de confianza que enfrenta el sector. Según la organización, las deficiencias en la planificación financiera del gobierno han empeorado el problema de suficiencia que afronta el sistema desde la pandemia. Ejemplos de estas fallas incluyen la incapacidad para gestionar adecuadamente los datos para el cálculo de la UPC, la desviación de recursos hacia otros usos sin garantizar la liquidez para el aseguramiento en salud, y la falta de voluntad para pagar los ajustes de los presupuestos máximos de 2022.
En cuanto a los presupuestos, la ANDI destaca que, aunque inicialmente se asignaron $36 billones para el aseguramiento en salud en 2024, $5 billones fueron desviados a otros programas presupuestales, lo que contraviene el mandato constitucional de garantizar la sostenibilidad del sistema. La insistencia de diversos actores permitió la devolución de $2,5 billones, que aún no han sido incorporados completamente en el presupuesto de la ADRES.
Llamado a una planificación rigurosa
Ante este panorama, la ANDI hace un llamado a atender de manera prioritaria los problemas financieros que aquejan al sistema de salud, y a realizar un análisis riguroso de las proyecciones de gasto futuro antes de implementar una reforma de gran envergadura. La organización concluye que “garantizar la salud de todos los colombianos es una responsabilidad que debe tomarse con seriedad” y que requiere una planificación adecuada para evitar el riesgo de desestabilización financiera.
