La Procuraduría General de la Nación ha proferido sanciones disciplinarias en contra de los gerentes de dos entidades de salud en Sucre por ordenar embargos ilegales de recursos destinados a la salud. Estos embargos, que suman más de 18 mil millones de pesos, han sido considerados como faltas graves por parte del ente de control. La medida subraya un problema de competencia en el sistema de salud colombiano, pues las Empresas Sociales del Estado (ESE) no tienen facultades para adelantar procesos de cobro coactivo contra las EPS y otras entidades. Este caso ha generado preocupación sobre la correcta administración de los recursos del sistema de salud y la necesidad de garantizar su protección.
Grave violación a los recursos de salud
El 4 de febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a Alfredo Cesar Tous Salgado, gerente del Hospital Local de Santiago de Tolú, y a Fernando Manuel Vergara Ortega, gerente del Centro de Salud El Roble, ambos en el departamento de Sucre. La sanción se produce después de que ambos funcionarios ordenaran, en 2021 y 2022, el embargo de más de 18 mil millones de pesos en recursos destinados a la prestación de servicios de salud.
El primer caso ocurrió el 23 de diciembre de 2021, cuando Tous Salgado adelantó un proceso de cobro coactivo contra la Caja de Compensación Familiar Comfasucre EPS, resultando en el embargo de más de 7 mil millones de pesos. Un año después, el 14 de octubre de 2022, Vergara Ortega emitió un mandamiento de pago y embargo por un monto superior a los 11 mil millones de pesos, también dirigido contra los recursos de Comfasucre.
Incompetencia y vulneración de la normativa sobre los recursos públicos
La Procuraduría señaló que tanto Tous Salgado como Vergara Ortega actuaron fuera de sus competencias. Las Empresas Sociales del Estado (ESE) no tienen la facultad de adelantar procesos de cobro coactivo contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Administradoras de Riesgos Laborales (ARP) ni la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). De acuerdo con la normativa vigente, solo las autoridades competentes en temas de cobro coactivo, como la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), pueden adelantar este tipo de procesos, y mucho menos tienen derecho a embargar los recursos destinados a la salud.
En este sentido, la Procuraduría advirtió que los recursos públicos asignados para la prestación de servicios de salud gozan de inembargabilidad, lo que significa que no pueden ser retenidos o embargados sin una autorización específica de la ley. Los embargos ordenados por los gerentes de las ESE vulneraron esta disposición, lo que los convirtió en responsables de faltas gravísimas.
Repercusiones y sanciones
Las faltas cometidas por Tous Salgado y Vergara Ortega fueron calificadas por la Procuraduría como “culpa gravísima”, lo que resulta en una suspensión de tres meses en sus cargos. En caso de que no se pueda ejecutar la sanción porque los gerentes hayan dejado sus puestos antes de que el fallo se haga firme, el tiempo de suspensión se convertirá en salarios devengados correspondientes al periodo en que cometieron la falta.
Este tipo de sanciones refleja la seriedad con la que el ente de control ha abordado la protección de los recursos de salud, que son vitales para garantizar la atención médica a los ciudadanos, especialmente en regiones vulnerables. La Procuraduría enfatizó que es fundamental que las entidades y funcionarios públicos actúen dentro del marco legal para evitar que recursos esenciales para la salud sean utilizados indebidamente.
Llamado a la vigilancia en la administración pública de salud
El caso de Sucre resalta una de las problemáticas más complejas del sistema de salud colombiano: la correcta administración y protección de los recursos públicos destinados a la salud. En un sistema donde la burocracia, la corrupción y la falta de competencias claras pueden generar vacíos legales, las autoridades deben ser diligentes y vigilantes en la aplicación de la normativa.
La Procuraduría ha puesto en evidencia que es esencial que los funcionarios públicos y las ESE actúen dentro de sus competencias, respetando la ley y protegiendo los recursos de los colombianos. Es fundamental que, para garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud, los fondos destinados a este sector sean manejados con total transparencia y responsabilidad.
A medida que se esclarece este caso y se refuerzan las sanciones a los funcionarios responsables, se genera un llamado de atención sobre la necesidad de reformar y fortalecer las competencias de las ESE. De acuerdo con expertos en salud, el sistema de salud debe continuar avanzando hacia una gestión más transparente, eficiente y segura de los recursos, de modo que la atención en salud no se vea afectada por disputas administrativas o negligencias legales.
