En medio de las crecientes tensiones financieras y operativas que enfrenta el sistema de salud colombiano, la Clínica Universitaria Bolivariana (CUB), adscrita a la Universidad Pontificia Bolivariana, notificó oficialmente la terminación del contrato de prestación de servicios asistenciales con la Nueva EPS. Esta decisión, con efectos a partir del 25 de abril de 2025, representa un nuevo punto crítico en la relación entre prestadores de servicios de salud y aseguradores, especialmente en un contexto marcado por mora en pagos, traslado no autorizado de pacientes y una crisis estructural de fondo.
La notificación fue firmada por el Rector General de la Universidad, padre Diego Marulanda Díaz, quien expuso que la determinación se sustenta en el análisis de los cuerpos asesores de la institución y en reiteradas comunicaciones de la Dirección General de la Clínica.
“La Nueva EPS incumple reiteradamente los acuerdos contractuales (Contrato 2243 del 23 de diciembre de 2019), lo cual ha generado impactos financieros y operativos que afectan la sostenibilidad institucional de la Clínica”, afirma el comunicado oficial.
Incumplimientos reiterados y sostenibilidad en riesgo
Según se detalla en la carta enviada al doctor Camacho, representante de la Nueva EPS, el incumplimiento contractual ha producido una situación de riesgo tanto para la clínica como para los usuarios del sistema. La CUB advierte que, pese a que algunos afiliados han sido trasladados fuera de la red sin autorización, no se ha dado respuesta efectiva por parte de la EPS, ni se ha liquidado la cartera pendiente por los servicios ya prestados.
Esta situación, explica la institución, vulnera los principios de continuidad y oportunidad en la atención, agravando los problemas operativos de una red hospitalaria que ya se encuentra bajo presión por las condiciones financieras adversas del sistema.
Decisión con base legal y administrativa
La decisión de la CUB de dar por terminado el contrato con la Nueva EPS se sustenta en las facultades estatutarias y legales que posee la Universidad como ente rector de la clínica, así como en las disposiciones contractuales pactadas. A través del Consejo de Dirección, se autorizó no solo la terminación de la relación asistencial, sino también la puesta en marcha de acciones administrativas, contractuales y legales para obtener el pago de la deuda pendiente.
De acuerdo con fuentes cercanas a la Clínica Universitaria Bolivariana, la deuda acumulada supera los ocho meses de mora y compromete tanto servicios ambulatorios como hospitalarios. Este retraso afecta no solo el flujo de caja de la institución, sino también el cumplimiento de obligaciones con personal médico, proveedores y mantenimiento de infraestructura.
Urgencias vitales seguirán siendo atendidas
En línea con el Decreto 441 de 2022, la CUB ha reiterado su compromiso con los usuarios de la Nueva EPS en condiciones de urgencia vital. La institución garantizará la atención de estos casos conforme a la normatividad vigente, lo que implica el respeto por el principio de atención inicial de urgencias, sin distinción de asegurador o contrato vigente.
“La Universidad Pontificia Bolivariana reitera su compromiso con los afiliados de la NUEVA EPS que acudan a la institución en condición de urgencia vital”, destaca el documento firmado por el rector Marulanda.
Esta disposición, sin embargo, no mitiga el impacto que puede tener la ruptura del contrato en la atención regular de usuarios adscritos a esta EPS, que deberán ser reubicados en otras instituciones prestadoras dentro de la red.
Un síntoma de una crisis estructural
Este caso se suma a una cadena de conflictos recientes entre EPS y clínicas u hospitales del país, que evidencian una crisis estructural de financiamiento, gobernanza y sostenibilidad en el sistema de salud colombiano. Las cifras recientes de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) alertan sobre una cartera morosa que supera los $12 billones, con deudas crónicas y dificultades para asegurar la operación regular de servicios.
El caso de la Clínica Universitaria Bolivariana, además de su peso simbólico como institución académica y de referencia en la región, pone de manifiesto que ni siquiera los prestadores más organizados están exentos de los impactos de la falta de cumplimiento contractual por parte de las aseguradoras.
Implicaciones para la red de atención y los usuarios
La salida de la CUB de la red de atención de la Nueva EPS obligará a esta última a reconfigurar su red de prestadores en Medellín y posiblemente en otras zonas donde la clínica presta servicios especializados. La experiencia indica que esta reconfiguración puede generar retrasos, sobrecarga en otras IPS y pérdida de continuidad en la atención de pacientes con tratamientos crónicos o diagnósticos complejos.
Aún no se conocen reacciones oficiales por parte de la Nueva EPS, pero se espera que en los próximos días emita una comunicación a sus afiliados y a los entes de control sobre la situación contractual con la CUB.
