La reciente decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de prorrogar la intervención administrativa a la EPS Sanitas ha generado una contundente reacción por parte de Keralty, accionista mayoritario de dicha entidad. En un comunicado dirigido a la opinión pública, la compañía expresó su rechazo categórico a lo que considera una medida “arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”. Según Keralty, esta decisión no solo perpetúa una crisis estructural en el sistema de salud colombiano, sino que también agrava la situación financiera y operativa de EPS Sanitas.
Un rechazo fundamentado en cifras alarmantes
Keralty argumenta que la intervención, lejos de solucionar los problemas que enfrenta EPS Sanitas, ha empeorado los indicadores clave. Según datos incluidos en la resolución de prórroga emitida por la Superintendencia, el indicador de siniestralidad alcanzó un preocupante 105,29% al cierre de diciembre de 2024. Esto significa que los costos asociados a la atención médica superaron significativamente los ingresos disponibles para cubrirlos.
La compañía también señala que la gestión durante el periodo de intervención ha resultado en un “deterioro significativo” de la situación financiera, con indicadores patrimoniales y reservas técnicas en niveles alarmantes. Asimismo, las cifras oficiales confirman un aumento sustancial en las quejas relacionadas con la calidad del servicio y la satisfacción del usuario. Según Keralty, estos resultados evidencian el fracaso de las medidas implementadas bajo el control estatal.
Crisis estructural: más allá de una “mala gestión”
En su comunicado, Keralty refuta las afirmaciones gubernamentales que atribuyen los problemas de EPS Sanitas a una supuesta “mala gestión” por parte de administradores privados. La compañía sostiene que el verdadero origen de la crisis radica en la desfinanciación crónica del sistema de salud colombiano y en las millonarias deudas acumuladas que el Gobierno no ha reconocido ni saldado.
De acuerdo con Keralty, esta falta de recursos ha generado un desequilibrio financiero insostenible para las EPS. La situación se agrava aún más con el aumento exponencial en las reclamaciones por fallas en el servicio. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo respalda estas afirmaciones al revelar que las quejas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud han crecido un 75,7% en los últimos dos años.
El impacto negativo sobre los usuarios
Uno de los puntos más críticos destacados por Keralty es el deterioro en la calidad del servicio y en los programas orientados al bienestar y prevención en salud. La resolución emitida por la Superintendencia reconoce explícitamente el incumplimiento de los objetivos trazados para la intervención, incluyendo metas relacionadas con la satisfacción del usuario y la gestión del riesgo.
En este contexto, Keralty advierte que más de seis millones de colombianos afiliados a EPS Sanitas se ven directamente afectados por esta prolongación del control estatal. La compañía subraya su compromiso histórico con ofrecer servicios médicos accesibles y con altos estándares científicos y tecnológicos, destacando que su prioridad sigue siendo garantizar el bienestar integral de sus usuarios.
Acciones legales y búsqueda de soluciones
Ante lo que considera una vulneración injustificada a su derecho a administrar EPS Sanitas, Keralty anunció que continuará apelando a instancias judiciales tanto nacionales como internacionales. Además, explorará todas las acciones legales adicionales necesarias para recuperar el control directo sobre la entidad.
La compañía también hizo un llamado al Gobierno para abordar las causas estructurales detrás del colapso del sistema. Según Keralty, cualquier solución sostenible debe pasar por garantizar una financiación adecuada y transparente del sector salud.
Desde su fundación en 1980, Keralty ha trabajado bajo un modelo enfocado en brindar servicios médicos dignos y accesibles para todos los colombianos. En su comunicado finaliza reafirmando su propósito: recuperar EPS Sanitas como un espacio donde colaboradores, proveedores y usuarios puedan continuar construyendo un sistema eficiente y centrado en las personas.
La polémica decisión sobre EPS Sanitas pone nuevamente sobre la mesa los retos estructurales del sistema de salud colombiano. Mientras Keralty insiste en responsabilizar al Estado por insuficiencias financieras históricas, el Gobierno defiende sus intervenciones como mecanismos necesarios para corregir fallas administrativas. En medio del debate, millones de usuarios esperan soluciones concretas que garanticen su derecho fundamental a una atención médica oportuna y eficiente.
