La Contraloría dio a conocer los resultados del estudio EPS y prestación de servicios de salud 2018-2022, enmarcado en el análisis de la gestión institucional de los actores del sistema de salud. El encargado de presentar la información fue Édgar Julián Niño Carrillo, contralor delegado para el sector salud.
“El actual sistema de salud cuenta con varios logros desde la promulgación de la Ley 100 de 1993, entre los que se encuentran el aumento de la cobertura, medido en el porcentaje de afiliación y que pasó del 29.77% en 1995 a 98.5% en 2024. También se resalta la oferta del Plan de Beneficios de Salud (PBS). De igual manera, la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que favorece la planeación y la optimización de los recursos, sin que esto excluya otros mecanismos de financiación”, aseguró el funcionario. Sin embargo, el análisis de la Contraloría revela diferencias en el acceso y la calidad de los servicios.
Para este estudio, el ente gubernamental se basó en el número de peticiones, quejas y denuncias radicadas entre 2018 y 2022 ante la Supersalud; la interposición de tutelas por salud en contra de las EPS. El análisis encontró un notorio aumento en las PQRD, siendo la falta de oportunidad en la asignación de consultas médicas especializadas el factor más frecuente con el 34% de reportes.
Adicionalmente, se revisaron los indicadores del monitoreo de calidad establecidos para las EPS. Los ámbitos que generan más preocupación son la alta mortalidad materna, mortalidad infantil por desnutrición, proporción de pacientes diabéticos controlados. También hay alertas sobre la atención de hipertensión arterial en personas entre los 18 y 69 años. Y en lo que respecta a la oportunidad en la atención de pacientes diagnosticados con cáncer de mama, durante el periodo analizado, ninguna EPS cumplió con la meta establecida por la Cuenta de Alto Costo (CAC). A nivel general, el desempeño más deficiente se encontró en las EPS del régimen subsidiado y en las indígenas (EPSI).
Principales hallazgos de la Contraloría sobre la gestión de las EPS entre 2018 y 2022
Para este informe, la Contraloría incluyó a 31 entidades administradoras de planes de beneficios (EAPB), 10 EPS del régimen contributivo, 16 del régimen subsidiado, 5 EPSI del subsidiado. De manera concreta, los datos reflejaron lo siguiente:
- En 2018, las PQRD pasaron de 106 a 215 solicitudes por cada 10.000 personas. Esto se traduce en un crecimiento anual del 19.3%.
- La falta de oportunidad en las citas con especialistas fue del 34.6%. Las demoras en la entrega de medicamentos representaron el 26.5% de las solicitudes.
- En el régimen contributivo, la entidad a la que se le interpusieron más solicitudes fue la EPS S.O.S. De 248 peticiones en 2018, pasó a 440 por cada 10.000 afiliados en 2022. En el régimen subsidiado, Capital Salud fue la aseguradora que recibió más reclamaciones: 268 solicitudes por cada 10.000 afiliados en promedio anual. DUSAKAWI fue la EPSI con más reclamaciones: 47 por 10.000 afiliados en promedio.
A nivel territorial, el estudio de la Contraloría encontró que 15 entidades territoriales tienen coberturas que oscilan entre el 91.7 y el 100% de la población. Para Bogotá, la cobertura prácticamente es total. En Antioquia es del 95.9% y en Valle del Cauca, 95.2%; los porcentajes contrastan con los de Vaupés, La Guajira y Amazonas, los cuales rondan entre el 56 y el 51.6% para el periodo analizado. El porcentaje más bajo de cobertura se detectó en Vichada con el 30.3%.
¿Por qué entutelaron los colombianos a las EPS?
Entre 2018 y 2022, el mayor número de reclamos se centraron en neurología, oncología, ortopedia, oftalmología/retinología. “La cantidad de quejas, peticiones, denuncias y reclamos visibilizan las dificultades y deficiencias del sistema de salud en la prestación de servicios. La prestación para la detección y atención del cáncer mama es inoportuna en general frente a otras condiciones de salud. Según las cifras reportadas, las EPS no hicieron la búsqueda activa de la población en riesgo, lo que a su vez genera estadificación tardía al momento del diagnóstico”.
De acuerdo con la Contraloría, las fallas en la prestación de servicios por parte de las EPS son un causal de detrimento patrimonial, debido a las sanciones económicas que han debido cancelar con recursos del sistema de salud.
