El pasado 27 de marzo de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0351 que adiciona la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, adoptando formalmente el Plan Nacional de Salud Rural (PNSR). Esta medida responde al compromiso adquirido en el Acuerdo Final de Paz y busca garantizar el derecho fundamental a la salud de campesinos, comunidades étnicas y trabajadores rurales, mediante un modelo diferencial que contemple las particularidades geográficas, culturales y socioeconómicas del campo colombiano.
El PNSR es de aplicación obligatoria en todos los territorios con población rural o rural dispersa, iniciando por municipios Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) y otros priorizados para la construcción de paz.
Principales líneas estratégicas del Plan Nacional de Salud Rural
La norma establece tres ejes fundamentales para la implementación:
- Gobernanza y gobernabilidad territorial: Esta línea estratégica reconoce que la transformación del sistema de salud en las zonas rurales de Colombia solo es posible a través de una gobernanza sólida, participativa e intersectorial. En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social asume el liderazgo del PNSR, mientras que las entidades territoriales (departamentales, distritales y municipales) deben armonizar sus Planes Territoriales de Salud con las disposiciones del Plan. Se plantea una estructura participativa en la que las comunidades campesinas, los pueblos étnicos y demás actores sociales no solo sean beneficiarios del sistema, sino co-gestores en la planeación, implementación y monitoreo de las políticas de salud rural. Las Mesas Técnicas de Salud Rural, creadas en cada nivel territorial, se convierten en un espacio clave de concertación para articular acciones que respondan a los determinantes sociales de la salud. Asimismo, la creación de un Comité Institucional de Salud Rural dentro del Ministerio y la articulación con la Comisión Intersectorial de Salud Pública garantizan que los enfoques poblacionales y territoriales se integren de forma coherente. Esta línea busca, en suma, consolidar un modelo de salud con liderazgo territorial, legitimidad comunitaria y corresponsabilidad institucional.
- Modelo especial de salud pública para la ruralidad: El eje más robusto del PNSR es su modelo especial de salud pública, diseñado específicamente para atender las complejidades geográficas, culturales y sociales de la ruralidad colombiana. Este modelo parte de un enfoque promocional, preventivo y predictivo, estructurado sobre redes integrales e integradas de servicios que funcionen en entornos de difícil acceso. El diseño contempla que, en cada municipio rural, exista al menos una sede principal de primer nivel (perteneciente a una Empresa Social del Estado) y sedes satélite estratégicamente distribuidas para garantizar la cobertura. El modelo también incorpora modalidades de atención intramural, extramural y mediante telemedicina, y exige que las EPS garanticen el suministro completo de medicamentos, incluso en zonas de dispersión geográfica. Un aspecto clave de esta línea es el fortalecimiento del talento humano en salud para la ruralidad, con estrategias como la ampliación de plazas del Servicio Social Obligatorio, incentivos para la permanencia de personal, y la inclusión de personal comunitario de salud que será formado y vinculado con base en procesos participativos de las comunidades. La ruralidad también será prioridad en los planes de inversión en infraestructura y dotación, con una meta del 50% de los recursos del sector salud para zonas rurales entre 2025 y 2031. Esta línea se articula con la garantía de transporte asistencial (terrestre, fluvial, aéreo), la incorporación de enfoques diferenciales (étnico, de género, territorial), y la creación de programas especiales como el de salud plena para mujeres rurales.
- Calidad en salud para la ruralidad: La tercera línea estratégica del PNSR se orienta a asegurar que los servicios ofrecidos en zonas rurales y dispersas cumplan con los principios de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. Para ello, se establece que las entidades territoriales y todos los actores del sistema deben fortalecer los sistemas de monitoreo, evaluación y mejora continua. Esto implica adoptar mecanismos diferenciados de inspección, vigilancia y control que respondan a las condiciones particulares de la ruralidad, como las barreras de acceso físico, la multiculturalidad o las brechas tecnológicas. Asimismo, se contempla un énfasis en la calidad del servicio percibido por la comunidad, incluyendo no solo resultados clínicos, sino también variables socioculturales, satisfacción del usuario y apropiación comunitaria de los servicios. La Superintendencia Nacional de Salud, en coordinación con el Ministerio, será la encargada de establecer indicadores específicos para zonas rurales, así como de supervisar su cumplimiento, incluso en aspectos relacionados con la entrega oportuna de medicamentos, disponibilidad del personal de salud y funcionamiento adecuado de las sedes rurales. Esta línea estratégica reconoce que la calidad no puede entenderse como un estándar único nacional, sino que debe adaptarse a la diversidad de contextos, reconociendo y fortaleciendo los saberes locales, los sistemas propios de salud y la corresponsabilidad social.
Modelo especial de salud pública rural: componentes operativos
El modelo contempla seis componentes centrales:
- Redes integrales e integradas de servicios de salud:
Se busca garantizar la prestación de servicios en zonas rurales y dispersas a través de una red articulada que integre hospitales, sedes principales y sedes satélite. Estas deben contar con infraestructura, dotación, transporte, comunicaciones y equipos básicos de salud, incluyendo atención por telemedicina sin que esta sustituya el acceso físico. - Infraestructura y dotación en salud:
Se prioriza la construcción, adecuación y modernización de infraestructuras sanitarias en zonas rurales, con participación comunitaria y enfoque intercultural. Se destinará al menos el 50% de los recursos de infraestructura en salud al fortalecimiento rural hasta 2031. - Personal de salud para la ruralidad:
Incluye la planificación y gestión del talento humano, aumento de plazas para el Servicio Social Obligatorio, generación de incentivos para la permanencia y formación de personal comunitario. Se destaca la integración de estos actores en los equipos básicos de salud. - Participación de organizaciones sociales y comunitarias:
Se reconoce el rol protagónico de las comunidades rurales en la salud, garantizando su participación activa en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del PNSR, respetando sus sistemas organizativos y saberes. - Adopción de enfoques para la salud rural:
El modelo incorpora enfoques diferencial, étnico, de género, intercultural y territorial. Reconoce la diversidad de las comunidades rurales y promueve la salud plena para las mujeres, atención a víctimas del conflicto y respeto por cosmovisiones étnicas. - Salud de los trabajadores rurales:
Se incorporan acciones de promoción y prevención en salud ocupacional para la población trabajadora del campo, con identificación de patologías laborales y referencia a servicios especializados de medicina del trabajo.
Se prioriza el funcionamiento de al menos una sede principal de primer nivel y sedes satélites por municipio, articuladas con hospitales de referencia, asegurando transporte, conectividad y atención domiciliaria o móvil en lugares de difícil acceso.
Financiación y recursos: compromiso de largo plazo
El Plan será financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, ADRES, regalías, cooperación internacional y presupuestos nacionales y territoriales. El Ministerio de Salud destinará como mínimo el 50% del total de inversión en infraestructura y dotación para zonas rurales durante el periodo 2025–2031.
Además, se utilizarán primas adicionales a la UPC en municipios con dispersión geográfica, y se establecerán indicadores de seguimiento que deberán incluirse en los contratos entre EPS y prestadores.
Participación comunitaria y enfoque diferencial
El PNSR garantiza la participación activa de campesinos, comunidades indígenas, negras, raizales, palenqueras y Rrom, así como organizaciones de mujeres y sistemas de salud propios e interculturales. También contempla un enfoque de género y atención prioritaria a víctimas del conflicto armado con pertinencia cultural y territorial.
Indicadores de evaluación y mecanismos de control
El seguimiento se realizará a través de los planes de acción anual, con reporte obligatorio a SIIPO, SIVIGILA y la Superintendencia Nacional de Salud, que será la entidad encargada de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre la implementación del PNSR.
El decreto establece la conformación de un Comité Institucional de Salud Rural y mesas técnicas municipales como instancias operativas para la articulación intersectorial y evaluación continua de los avances.
Implicaciones para actores del sistema de salud
Para Entidades Territoriales:
- Deberán armonizar sus Planes Territoriales de Salud con el PNSR.
- Incorporar las líneas estratégicas en la Planeación Integral para la Salud a partir de 2028.
Para EPS:
- Implementar mecanismos logísticos adaptados para la entrega de medicamentos.
- Incluir acciones extramurales y de telemedicina sin detrimento del acceso físico.
Para IPS:
- Fortalecer la capacidad resolutiva y asumir un rol activo en zonas rurales como cabeza de red.
- Adaptar servicios y atención a las condiciones del entorno geográfico y sociocultural.
Análisis: una oportunidad estructural en contexto de paz y reforma
El PNSR se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 y el enfoque de “Paz Total”, abordando de manera integral los determinantes sociales de la salud en la ruralidad. En un contexto de tensiones presupuestales, crisis de liquidez y fallas estructurales en el acceso a servicios de salud, este decreto representa una apuesta ambiciosa por la equidad territorial y la justicia social.
Su éxito dependerá de la capacidad de implementación progresiva, la articulación institucional y la asignación efectiva de recursos en los territorios.
Descargue el decreto 0351 DE 2025 aquí:
