La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre retrasos en la entrega de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) correspondientes a la vigencia 2024, por un monto de $230.712.733.016, y solicitó informes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA). Esta acción busca asegurar el desarrollo efectivo del programa, clave para garantizar la permanencia escolar en el país.
En una comunicación enviada al ministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara Castañeda, la Procuraduría requirió detalles sobre los saldos pendientes del Presupuesto General de la Nación asignados al PAE para la vigencia 2024. Según los datos de la UApA, estos saldos ascienden a $230.712.733.016, equivalentes al 12% del presupuesto total destinado al programa, que fue de $1.977.657.739.000. Estos recursos estaban destinados a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en educación para la prestación del servicio de alimentación escolar.
Asimismo, el Ministerio Público exigió aclaraciones sobre el estado actual de estos recursos, incluyendo si ya fueron autorizados en su totalidad o, de no ser así, una fecha concreta para completar el giro. La Procuraduría expresó su preocupación al identificar que algunas ETC aún no han recibido la totalidad de los recursos asignados para 2024, lo que podría afectar gravemente el desarrollo del programa y, por ende, comprometer el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
Supervisión a la operación del PAE: requerimientos a la UApA
Además, la Procuraduría solicitó al director general de la UApA, Sebastián Rivera Ariza, un informe detallado sobre el estado actual de la operación del PAE en las 97 ETC certificadas. Este reporte deberá incluir información sobre novedades o alertas que afecten el normal desarrollo del programa, tales como:
- Retrasos en el inicio de la operación.
- Modificaciones en los calendarios escolares.
- Inicios parciales del servicio de alimentación.
El organismo de control también instó a la UApA a continuar enviando reportes periódicos sobre el funcionamiento del programa, subrayando que estos informes son esenciales para las labores de inspección y vigilancia de la Procuraduría.
Preocupaciones del Ministerio Público
El Ministerio Público enfatizó que la falta de entrega oportuna de los recursos asignados podría comprometer el objetivo principal del PAE: garantizar el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. “Esta situación genera serios riesgos para la efectividad de un programa esencial para la educación y el bienestar de los estudiantes”, subrayó la Procuraduría en su comunicación oficial.
La preocupación se extiende a los posibles retrasos en la ejecución del programa durante la vigencia 2025, lo que podría derivar en interrupciones en la prestación del servicio de alimentación escolar, un elemento clave para el desarrollo integral de los menores beneficiarios.
Compromiso con el derecho a la educación
Con esta actuación preventiva, la Procuraduría reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de los estudiantes colombianos y la defensa del derecho a la educación. La entrega puntual de los recursos y la operación efectiva del PAE son fundamentales para garantizar que los estudiantes de las ETC certificadas reciban el servicio de alimentación al que tienen derecho, promoviendo así su permanencia en el sistema educativo.
El llamado del organismo de control es un recordatorio de la importancia de priorizar el cumplimiento del PAE en la agenda gubernamental, asegurando que los recursos públicos destinados a este programa lleguen sin contratiempos y cumplan con su propósito fundamental.
