La clínica El Bosque de Cartagena, uno de los activos en salud transferidos al Estado tras la liquidación de Caprecom, vuelve al centro del debate institucional. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) confirmó el pasado 19 de marzo de 2025 la terminación del contrato con la unión temporal encargada de su administración, tras identificar un incumplimiento grave y reiterado de las condiciones pactadas para su operación.
La medida se formaliza tras la Resolución No. 0019070 de 2025, que ratifica lo establecido en la Resolución 0176632 de 2024, y da un plazo de tres meses para la restitución completa de las instalaciones por parte del contratista. El proceso marca un nuevo capítulo en los intentos del Estado por recuperar activos críticos del sector salud con fines de eficiencia, sostenibilidad y garantía de servicios.
Incumplimiento contractual: fallas en infraestructura y capacidad instalada
La decisión de la ADRES tiene origen en el proceso administrativo sancionador adelantado desde noviembre de 2024, en el cual se declaró el incumplimiento del contrato CN-01-132-2014, suscrito con la unión temporal Ducot, integrada por Dumian Medical S.A.S. y Cosmitet Ltda.
Según lo evidenciado en el proceso, los hallazgos incluyen:
- Afectaciones críticas en la infraestructura física de la clínica.
- Disminución significativa de la capacidad instalada.
- Falta de mantenimiento y adecuaciones hospitalarias básicas.
- Deterioro de las condiciones mínimas de habilitación para la prestación de servicios de salud.
Estas deficiencias no solo vulneran las condiciones técnicas del contrato, sino que ponen en riesgo directo la calidad y continuidad de la atención a los usuarios del sistema. La ADRES sustentó su decisión con pruebas documentales y técnicas practicadas durante el proceso, las cuales también fueron puestas en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (DADIS).
Multa de $8.500 millones y restitución del bien público
Como consecuencia del incumplimiento, la ADRES impuso la cláusula penal pactada en el contrato, equivalente a más de $8.500 millones de pesos. Esta sanción económica busca resarcir parcialmente los daños ocasionados al patrimonio público y establecer un precedente claro frente al manejo de clínicas públicas por parte de operadores privados.
La entidad ha determinado que la restitución física de la clínica El Bosque debe realizarse en un plazo no mayor a tres meses a partir de la notificación, proceso que será supervisado por equipos técnicos y jurídicos de la ADRES.
Un activo estratégico bajo propiedad estatal
La clínica El Bosque fue recibida por la ADRES como parte de los bienes transferidos por el extinto Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) luego de la liquidación de la EPS Caprecom. Desde entonces, su administración había sido objeto de contratos con operadores privados, bajo el modelo de administración delegada.
Sin embargo, el caso de la unión temporal Ducot evidencia las limitaciones del modelo cuando no se cumplen estándares técnicos y de vigilancia estricta. La degradación de la capacidad operativa de una infraestructura estratégica para Cartagena y Bolívar representa un retroceso en el acceso efectivo a servicios hospitalarios de segundo nivel.
Aunque no se han conocido pronunciamientos público los representantes legales de Dumian Medical S.A.S. o Cosmitet Ltda., el sector ha seguido con atención este caso por el impacto que podría tener sobre otros contratos de administración de clínicas públicas en el país.
Perspectivas: ¿Qué sigue para la clínica El Bosque?
El futuro inmediato de la clínica dependerá de las decisiones que tome la ADRES sobre su reactivación. Entre las opciones están:
- Asumir directamente su operación a través de un modelo de administración pública.
- Delegar nuevamente la gestión mediante una licitación con mayores requisitos técnicos.
- Iniciar un proceso de renovación o rehabilitación de infraestructura antes de una nueva entrega operativa.
Cualquiera que sea el camino, el caso pone sobre la mesa la importancia de revisar las condiciones bajo las cuales el Estado entrega a terceros la operación de bienes críticos del sistema de salud. La transparencia, el seguimiento riguroso y la rendición de cuentas deben ser pilares en la administración de estos activos.
