
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) presentó en marzo de 2025 su Boletín Técnico de Reclamaciones por Accidentes de Tránsito, el cual documenta en detalle las cifras, tendencias, territorios más afectados, perfiles poblacionales y alertas sobre posible fraude en las solicitudes presentadas por IPS en todo el país durante el año 2024. El informe permite dimensionar el impacto creciente de los accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no identificados o identificados sin póliza SOAT vigente, así como los desafíos asociados a la gestión de estos recursos públicos.
Giros de recursos por más de $476 mil millones: crecimiento del 34,4%
Durante el año 2024, la ADRES giró $476.000 millones a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por concepto de atención a víctimas de siniestros viales sin SOAT, lo que representa un incremento del 34,4% frente a los $354.000 millones girados en 2023. Este crecimiento se atribuye a mejoras en los procesos internos de revisión, auditoría y giro, especialmente durante el segundo semestre del año, cuando los valores acumulados se duplicaron respecto al mismo periodo de 2023. En agosto, por ejemplo, el acumulado de giros pasó de $173.622 millones en 2023 a $346.586 millones, y en octubre, alcanzó $411.199 millones, un 65% más que el año anterior.
Ahora bien, en total, las IPS radicaron ante la ADRES 456.888 reclamaciones nuevas por accidentes de tránsito con vehículos no identificados o sin SOAT, por un valor total de $1,078 billones, lo que representa el 99,3% del total del valor radicado en todos los eventos cubiertos por la ADRES (incluidos eventos catastróficos y terroristas). A pesar de una disminución del 4,3% en el número de reclamaciones frente a 2023, el valor económico de las mismas se incrementó un 3,5%. Este comportamiento se explica por la aplicación de la Resolución 1379 de 2024, que obliga a radicar una única solicitud que agrupe todos los servicios prestados a una víctima por un mismo evento.

Distribución territorial: cuatro departamentos concentran más del 54% del valor reclamado
El informe muestra una alta concentración geográfica de la accidentalidad vial sin aseguramiento:
- Valle del Cauca: $192.322 millones – 121.298 reclamaiones (26,5%)
- Atlántico: $174.104 millones – 45.960 reclamaciones (10,1%)
- Magdalena: $110.163 millones – 37.272 reclamaciones (8,2%)
- Córdoba: $107.121 millones – 43.426 reclamaciones (9,5%)
Estas cuatro regiones suman el 54% del valor total nacional reclamado y el 54,6% del número total de reclamaciones. Ajustando por población, se observan tasas de incidencia extremadamente altas en Valle del Cauca (26,1 por cada mil hab.), Magdalena (24,6), Córdoba (22,7) y Cesar (19,2), frente a un promedio nacional de 6,7.

Perfil de las víctimas: hombres jóvenes y adultos, los más afectados
En cuanto al perfil poblacional de las víctimas incluidas en las reclamaciones:
Sexo:
- Hombres: 57,3% (171.501 personas)
- Mujeres: 31,3% (93.786 personas)
- Sin información: 11,4%
Edad:
- Adultos (27-59 años): 47,5%
- Jóvenes (19-26 años): 22,4%
- Adolescentes (12-18 años): 8,3%
- Mayores de 60 años: 7,9%
- Infancia (6-11 años): 2%
- Primera infancia (0-5 años): 1,4%
- Sin información: 10,5%
Esta distribución indica un fuerte impacto en la población económicamente activa y evidencia la urgencia de medidas preventivas con enfoque diferencial.
Vehículos involucrados: motos y “fantasmas” dominan las reclamaciones
De las 456.888 reclamaciones nuevas, el 50,1% (229.116) se asociaron a vehículos no identificados (vehículos en fuga o sin placa). El valor de estas reclamaciones ascendió a $544.928 millones, lo que equivale al 50,5% del valor total. Por otro lado, los vehículos identificados Clínica Cali (Valle del Cauca): $55.660 millones (17.385 reclamaciones)
Además, entre los registros que incluyen el tipo de vehículo, el 93% correspondieron a motocicletas, subrayando el alto riesgo de este modo de transporte y su baja cobertura de aseguramiento.
IPS con mayores valores reclamados: concentración institucional preocupante
El informe identificó a cinco IPS que concentraron más del 20% del valor total reclamado a nivel nacional:
- Clínica Cali (Valle del Cauca): $55.660 millones (17.385 reclamaciones)
- Especialistas Asociados S.A. (Córdoba): $52.540 millones (18.200)
- Fabilu LTDA (Valle del Cauca): $51.395 millones (21.131)
- Clínica Primero de Mayo Integral S.A.S. (Santander): $26.530 millones (3.266)
- Clínica Medical SAS (Bogotá D.C.): $26.255 millones (10.238)
En cuanto a eventos causados por vehículos no identificados, la lista es encabezada por:
- Clínica Cali: $31.470 millones (10.345 casos)
- Fabilu LTDA: $31.340 millones (14.605)
- Clínica Primero de Mayo: $22.415 millones (2.205)
- Especialistas Asociados: $14.875 millones (6.590)
- Vital Medic I.P.S. (Magdalena): $10.650 millones (1.918)
- Glosas y respuestas: aumento del 83,6% en el valor observado
En 2024, las IPS radicaron 275.608 respuestas a glosas por accidentes de tránsito, por un valor de $487.518 millones, frente a $265.568 millones y 203.558 respuestas en 2023. Las principales causales de glosa fueron:
- Formularios incompletos o mal diligenciados – 29,6%
- Inconsistencias entre soportes y formularios – 19,2%
- Facturas sin requisitos legales – 8,9%
Estas razones suman el 57,7% del total de glosas. Para mejorar la calidad de la radicación, ADRES capacitó a 1.596 personas en 760 IPS de 28 departamentos.
Fraude y corrupción: $79.511 millones bloqueados
A partir de septiembre de 2023, la ADRES identificó IPS que no existían físicamente o que operaban desde locales comerciales como panaderías o tiendas, pero estaban habilitadas y presentaban facturación por atención a víctimas. Se bloquearon pagos fraudulentos por $79.511 millones y se remitieron los casos a la Fiscalía General por delitos de estafa agravada y falsedad documental.
El fraude se concentró en la región Caribe, particularmente en Atlántico, Córdoba y Magdalena. Además, se detectaron patrones sospechosos de direccionamiento de recursos por parte de ciertas EPS hacia estas IPS.
Dispersión de cifras entre entidades: necesidad urgente de unificación
El boletín destaca la falta de consistencia en los registros de víctimas:
- SIRAS: 1.200.000 víctimas (850.000 con SOAT, 382.000 sin)
ADRES: 299.000 víctimas únicas sin SOAT
ANSV: 28.000 víctimas lesionadas
Estas discrepancias (hasta del 1200%) impiden una adecuada planeación y asignación de recursos, así como dificultan la judicialización de las lesiones personales, que según el artículo 218 del Código Penal, deben ser investigadas penalmente.
Es clave mencionar que la Meta 3.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) busca reducir a la mitad las muertes y lesiones por accidentes viales para 2030. El boletín muestra que Colombia aún está lejos de alcanzar este objetivo, con una siniestralidad creciente, bajo aseguramiento y fallas graves en la calidad del dato.
Más que un problema administrativo, un reto estructural de salud pública
El balance presentado por la ADRES evidencia que la accidentalidad vial sin SOAT ha dejado de ser un fenómeno marginal. El volumen creciente de reclamaciones, su concentración geográfica e institucional, el perfil vulnerable de las víctimas, y los hallazgos de fraude estructurado, convierten este fenómeno en una amenaza directa a la sostenibilidad financiera, la equidad en el acceso y la transparencia del sistema de salud colombiano.
Más allá del fortalecimiento de los procesos de auditoría y control, se requiere una respuesta multisectorial urgente: política de tránsito y seguridad vial efectiva, aseguramiento obligatorio universal y verificable, interoperabilidad entre sistemas de información y una estrategia decidida de lucha contra la corrupción institucional.
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